En un mercado laboral cada vez más complejo, digitalizado y sujeto a cambios normativos continuos, las empresas se enfrentan al reto de gestionar los errores que surgen en el trabajo diario sin vulnerar los derechos de las personas trabajadoras ni desatender sus propias necesidades organizativas. No todos los fallos tienen la misma trascendencia: algunos se resuelven con formación, acompañamiento o mejoras de proceso, mientras que otros comprometen la seguridad, la continuidad del servicio, la reputación corporativa o incluso exponen a la empresa a responsabilidades legales y sanciones administrativas. El análisis que sigue ofrece una guía práctica para comprender en qué supuestos un error alcanza relevancia disciplinaria y qué factores conviene valorar antes de plantear un despido procedente, con especial atención al principio de buena fe contractual y a la proporcionalidad de las medidas correctoras.
El despido es una medida compleja y delicada en el ámbito laboral. En España, está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que establece criterios rigurosos para que un despido sea considerado legal. Una de las preguntas más habituales en este contexto es si cometer errores en el trabajo puede justificar un despido procedente. Para responderla, es fundamental entender qué se considera un despido improcedente, cómo actúa la ley ante los errores laborales y qué papel juega la buena fe contractual en estas situaciones.
¿Qué es un despido improcedente?
Un despido es calificado como improcedente cuando:
- No se acredita una causa legal suficiente, como un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
- No se respetan los requisitos formales del procedimiento, como la entrega de la carta de despido o el cumplimiento de los plazos establecidos.
Estas condiciones están reguladas en los artículos 54 a 56 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Puede un error laboral justificar un despido procedente?
Error puntual vs. incumplimiento grave
En términos generales, un error aislado en el desempeño de las funciones no justifica por sí solo un despido procedente. La legislación española distingue entre el error humano puntual, inherente a cualquier trabajo, y los comportamientos reiterados o negligentes que pueden afectar gravemente a la empresa.
Para que un error pueda justificar un despido, deben concurrir circunstancias agravantes:
- Frecuencia: Errores repetidos pese a advertencias o formación.
- Gravedad: Repercusiones significativas para la empresa (económicas, legales, de seguridad o reputación).
- Falta de diligencia o intencionalidad: Cuando el error revela dejación de funciones, desobediencia o desinterés.
En ausencia de estos elementos, el despido podría ser declarado improcedente por un juez, con las correspondientes consecuencias legales.
La buena fe contractual y su influencia en el despido
La buena fe contractual es un principio básico en la relación laboral. Está recogido expresamente en varios artículos del Estatuto de los Trabajadores:
- Artículo 5.a): El trabajador debe cumplir sus obligaciones conforme a la buena fe y diligencia.
- Artículo 20.2: Ambas partes deben cumplir con sus deberes de forma leal y cooperativa.
- Artículo 54.2.d): La transgresión de la buena fe contractual puede ser causa de despido disciplinario, siempre que se trate de un incumplimiento grave y culpable.
¿Qué conductas vulneran la buena fe contractual?
Algunos ejemplos incluyen:
- Fraude o deslealtad.
- Abuso de confianza.
- Competencia desleal.
- Ocultación de información relevante.
Para que la empresa pueda despedir al trabajador por esta causa, debe:
- Demostrar el incumplimiento, su gravedad y culpabilidad.
- Acreditar la pérdida de confianza, especialmente en puestos de responsabilidad.
- Actuar con proporcionalidad, ajustando la sanción a la infracción.
Consecuencias del despido improcedente
Si un juez declara un despido como improcedente, el empleador debe optar entre:
1. Readmitir al trabajador
- Regreso al puesto en las mismas condiciones.
- Pago de los salarios de tramitación (desde la fecha del despido hasta la sentencia).
2. Indemnizar al trabajador
- Contratos desde 2012: 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
- Contratos anteriores: Se aplica una fórmula mixta (45 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 33 días a partir de esa fecha).
Despido improcedente vs. despido nulo
Es crucial diferenciar entre estas dos figuras:
- Despido improcedente: No se acredita la causa o se incumple el procedimiento, pero no se vulneran derechos fundamentales.
- Despido nulo: Existe vulneración de derechos fundamentales, como discriminación, embarazo, maternidad, paternidad o ejercicio de derechos sindicales.
El despido nulo obliga a la readmisión inmediata del trabajador, con pago de salarios de tramitación.
En el marco de la legislación laboral española, cometer un error aislado y sin intencionalidad no constituye, por sí solo, motivo suficiente para un despido procedente. No obstante, si dichos errores son reiterados, generan consecuencias graves o evidencian una falta de diligencia, pueden justificar una extinción disciplinaria del contrato.
Asimismo, la buena fe contractual es un pilar fundamental en la relación laboral. Su vulneración, siempre que sea grave y culpable, puede ser causa legítima de despido.
Por ello, es esencial que tanto trabajadores como empleadores conozcan en profundidad sus derechos y obligaciones. Ante cualquier conflicto laboral, contar con asesoramiento jurídico especializado es clave para aplicar correctamente la normativa y evitar riesgos legales o económicos. Una cultura de transparencia y diálogo fortalece la prevención de conflictos y fomenta entornos laborales más sanos y productivos para todos.
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Finalmente, comprender en profundidad los tipos de despido y las diferencias entre procedente, improcedente o nulo no solo es clave para evitar conflictos, sino también para mejorar las relaciones laborales. Tanto empleados como empleadores deben trabajar en un entorno basado en la confianza, la comunicación y la formación continua, lo que reduce la probabilidad de errores graves. Consultar a expertos en derecho laboral y estar al día con las actualizaciones legales garantiza una mejor toma de decisiones y una protección adecuada de los derechos de ambas partes.
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