RDL 30/2020, Ayudas destinadas a los trabajadores Autónomos

RDL 30/2020, Ayudas destinadas a los trabajadores Autónomos

El Real Decreto Ley 30/2020, publicado el pasado 30 de septiembre, además de la compleja regulación de la prórroga de los ERTEs ya comentada en nuestra última nota, también regula en el artículo 13 y la Disposición Adicional 4ª el nuevo régimen de las ayudas destinadas a los trabajadores autónomos. 

Pasamos a resumir la nueva regulación de estas prestaciones de la forma más clara que nos permite el enrevesado redactado de la norma. 

  1. En primer lugar, queda prorrogada la prestación por cese de actividad que los autónomos venían percibiendo hasta ahora, y podrán seguir disfrutando de ella hasta el 31 de enero de 2021, siempre y cuando durante el cuarto trimestre de 2020 continúen cumpliendo los requisitos establecidos para la misma. 

Los autónomos que no hubieran percibido esta prestación, podrán solicitarla si cumplen los requisitos y siempre que hubieran percibido hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el art. 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización. 

Los principales requisitos para la prórroga, o el acceso, a esta prestación, son los siguientes: 

  • Reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% respecto del mismo periodo del año 2019. 
  • No haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 €.
  • En el caso de los trabajadores autónomos que tengan trabajadores a su cargo, deberán acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social.

El reconocimiento de la prórroga o del acceso a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con carácter provisional con efectos de 1 de octubre de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, y si se solicita más tarde, desde el día siguiente a la prestación de la solicitud. 

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el autónomo deberá ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones, y la Mutua abonará al trabajador junto con la prestación por cese de actividad el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el autónomo sin desarrollar actividad alguna. 

  1. Además, se crean dos nuevas ayudas. 

La primera de ellas es la ‘’Prestación extraordinaria por cese de actividad’’, y está destinada a los autónomos que se vean obligados a suspender totalmente su actividad como consecuencia de una resolución o normativa publicada por la autoridad competente, que tenga como objetivo contener la propagación del Covid-19. 

Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes:

  • Estar afiliados y en alta al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El derecho a recibirla nace a partir del día siguiente a la adopción de la resolución o normativa que conlleve el cierre de la actividad del afectado, y finalizará el último día del mes en el cual la medida sea levantada y deje de tener efectos. 

La exoneración del ingreso de las cuotas será efectiva desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado.  

La cuantía de la prestación será del 50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, y la solicitud deberá realizarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. 

  1. La segunda nueva ayuda es la ‘’Prestación económica por cese de actividad de naturaleza extraordinaria’’, y está prevista para los autónomos que vean reducidos sus ingresos y no tengan derecho a la prestación explicada en el punto anterior. 

Los requisitos son:

  • Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional. 
  • Tener una reducción en los ingresos en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% respecto de los ingresos del primer trimestre del 2020. 

Puede comenzar a devengarse a partir del 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales del mes de octubre. En caso contrario, surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, y su duración no podrá ir más allá del 31 de enero de 2021.

Durante este período de disfrute de la prestación, el autónomo queda exento de la obligación de cotizar. 

La cuantía será del 50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

Hay que tener en cuenta en todo caso que la entidad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se reserva el derecho de comprobar el cumplimiento de los requisitos para la prestación disfrutada, y tendrá derecho a reclamar las cuantías percibidas en caso de que acredite que no concurren las condiciones establecidas.

RDL 30/2020 ERTE a Enero, pero cuidado

RDL 30/2020 ERTE a Enero, pero cuidado

Hoy, 30 de septiembre, se publica, entre otros, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (RDL 30/2020). Cuyo asunto principal es la prórroga de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) iniciados por causa de la COVID-19.

“Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021.”

La prórroga en sí ocupa 3 líneas de las 43 páginas que componen la nueva norma. Por lo que intentaremos ahora dilucidar las “minas” escondidas en el resto del texto.

Un cambio muy relevante de criterio en la nueva norma es que la categoría del ERTE ya no la determina la situación que la provoca (ie: rotura de cadena de suministro) sino si esta es o no achacable a las autoridades. Es decir los nuevos ERTE, como veremos, se categorizan según la naturaleza de las medidas y/o restricciones que los provoquen es decir: el Estado separa aquellos ERTE causados por las restricciones impuestas.

El RDL 30/2020 incluye otros asuntos que comentaremos en notas posteriores. Damos prioridad a ERTE y desempleo por los plazos que se manejan.

Tipos de ERTE

En los seis meses que llevamos desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020) los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sufrido alteraciones que han convertido las siglas en un galimatías cuya comprensión es imprescindible.

Nuestro ordenamiento contempla dos tipos principales de ERTE:

  • de Fuerza Mayor, artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET)
  • basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

Con el RDL 8/2020 se generaron dos mutaciones que dieron lugar a:

  • de Fuerza Mayor (los del 22, 8/2020) anteriormente prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2020 por el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (RDL 24/2020, que ya comentamos en su día) y ahora prorrogados hasta el 31 de enero de 2021.
  • basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (los del 23, 8/2020) vigentes hasta la fecha indicada por la empresa en el propio expediente (art. 3.4)

Hay un tercer grupo, los del apartado dos de la disposición adicional primera del RDL 24/2020, sin regulación especial pero bonificaciones distintas. Estos quedarán ahora subsumidos (dt. única) en “los del 2.1” que en breve explicaremos.

Hoy se introducen nuevos apelativos:

Los ERTE de Fuerza Mayor por impedimento o limitaciones de actividad separados en dos grupos según el origen del impedimento del desarrollo de la actividad, regulados según el ET:

  • por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020,  por autoridades españolas o extranjeras (los del 2.1).
  • por (otras) restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas por las autoridades españolas (los del 2.2)

También tenemos aquellos ERTE de Fuerza Mayor COVID19 (los del 22) que transiten a uno organizativo (los del 23) a partir de hoy, hasta el 31 de enero de 2021 y mientras siga vigente el ERTE actual. Los nombraremos “los del 3” en honor al artículo que los describe. A los que aplican las especificidades del artículo 23 del RDL 8/2020.

Resumiendo, nos quedan:

  • Los primigenios ERTE de fuerza mayor regulados en el 47.3 ET,  los del 22, los del 2.1 y los del 2.2.
  • Los primigenios ERTE organizativos regulados en el ET, los del 23 y los del 3.

Dentro de “los del 23” estarán aquellos que se tramitaron así directamente, los que transitaron antes de hoy desde fuerza mayor (los del 22) y los que transiten ahora (los del 3).

Bonificaciones en cotizaciones

La norma de hoy incluye tres bonificaciones, aplicables a partir del 1 de octubre de 2020, en materia de cotización. Comentamos las dos primeras ahora y la tercera, regulada en la disposición adicional primera, la comentaremos más abajo en este texto.

Los ERTE “del 2.1” (fuerza mayor por impedimento causado por nuevas restricciones y/o medidas) podrán bonificarse (art 2.1):

  • El 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021. El 90% si hubiera cincuenta o más trabajadores.

Los demás ERTE de fuerza mayor derivados de la limitación del desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas podrán bonificarse (art 2.2):

  • Respecto de la aportación devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre (de 2020) y enero 2021: el 100, 90, 85 y 80 por ciento respectivamente. Las empresas con cincuenta o más trabajadores tendrán 10 puntos porcentuales menos de bonificación.

¡Mucho cuidado! hablamos de que la causa del ERTE son limitaciones provocadas por decisiones o medidas adoptadas por autoridades, ejemplos:

  • No puedo vender porque no me llega el material de china: no aplica.
  • No puedo hacer conciertos porque el gobierno cerró las salas: aplica.

Estas bonificaciones se aplicarán a la aportación empresarial y las cuotas de recaudación conjunta. Tampoco tendrán efecto en sede de la persona trabajadora (art. 2.5).

¿Qué sucede con los ERTE de Fuerza Mayor prorrogados (los del 22)? Si la causa originaria es una medida adoptada por las autoridades sanitarias, entonces cabría en el segundo grupo de bonificaciones. Si la causa es otra (problemas de suministro, etc.) no tiene cabida..

Los ERTE organizativos no tienen bonificación.

Obligación de mantener el empleo

Desde la publicación del RDL 8/2020 las bonificaciones en materia de cotización, que son opcionales a decisión de la empresa, han traído aparejado el compromiso de mantener el empleo por un período cambiante. 

Recordemos que las empresas que se hubieran beneficiado de las bonificaciones de los RDL anteriores tenían ya la obligación de mantener el empleo durante seis meses contando desde (RDL 8/2020 da. 6 y RDL 24/2020 art. 6):

  • la fecha de reanudación, parcial o total, de la actividad de haber optado por las bonificaciones antes del 26 de junio de 2020 (antes del RDL 24/2020)
  • desde el 26 de junio de 2020 para quienes optasen por las bonificaciones a partir de esa fecha.

La única excepción práctica a este compromiso era, y sigue siendo, la concurrencia de un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la (ahora derogada) Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (vid. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal).

Quienes se beneficien de las nuevas bonificaciones adquirirán un nuevo compromiso de 6 meses, a contar desde (art. 5):

  • que finalice el compromiso previo (si lo hubiera)
  • la fecha de reanudación, parcial o total, de la actividad (si no hubiera compromiso previo, pues se aplica la da. 6 del RDL 8/2020)

Despidos, horas extras y externalizaciones

El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (RDL 9/2020) decretó que las causas que pueden amparar un ERTE (los del 22 y 23) no se podrán entender como justificativas de la extinción de contrato de trabajo ni del despido (RDL 9/2020 art. 2).

Esta consideración, hoy, se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 (art. 6).

También se decreta de nuevo (art. 7) la prohibición de realizar horas extraordinarias o establecer nuevas externalizaciones.

Contratos temporales

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad por ERTE COVID-19 supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas (RDL 9/2020, art. 5). 

Y esto será así, de momento, hasta el 31 de enero de 2021 (art. 6).

Respecto al paro

El RDL 8/2020 decretó el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Esta medida se prorroga (art. 8) hasta el 31 de enero de 2021 para los afectados por ERTE de los tipos:

  • de Fuerza Mayor COVID-19 prorrogados (los del 22)
  • de causas organizativas por COVID-19 aún vigentes (los del 23)
  • los de fuerza mayor derivado de medidas de contención (los del 2 de hoy)

¡Cuidado! esta medida traía, originalmente, otra: no consumir paro. Ésta expira hoy 30 de septiembre con algunas matizaciones cuya traducción al lenguaje llano queda para otro momento (artículo 8, ap. 7).

Compatibilidad paro con trabajo a tiempo parcial

Por otro lado, los afectados por ERTE podrán realizar trabajos a tiempo parcial sin que se reduzca la cuantía de la prestación en la parte proporcional (art. 11) cuando el ERTE que les afecte sea:

  • fuerza mayor COVID19 prorrogado (los del 22)
  • fuerza mayor derivado de medidas de contención (los del 2)
  • Organizativo habiendo transitado, a partir de hoy, desde uno de fuerza mayor COVID19 (los del 3)

Esta medida se aplica con carácter retroactivo en los términos contenidos en el artículo 12, de modo que quien hubiera visto reducida su prestación por encontrar algún trabajo a tiempo parcial mientras estaba en ERTE, puede reclamar las diferencias.

Prestación extraordinaria para fijos discontinuos y fijos periódicos

Las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas tienen a su alcance una prestación extraordinaria (art. 9) que:

  • debe solicitarse antes del 14 de octubre de 2020
  • se extenderá hasta 31 de enero de 2021
  • la cuantía será la misma que se hubiera percibido por desempleo

El ámbito de aplicación de la prestación es complejo, dentro del grupo descrito, por lo que no dude en consultarnos.

Bonificación para sectores específicos

Anticipábamos anteriormente que la disposición adicional primera introduce una exoneración de cotización especial para determinados sectores.

La bonificación consiste en, respecto a los trabajadores afectados:

  • el 85% de la aportación empresarial devengada entre octubre y enero de 2021. El 75% si tiene cincuenta o más trabajadores a 29 de febrero de 2020.
  • es incompatible con las bonificaciones anteriormente descritas

Podrán optar a ella las empresas con un CNAE-09 (considerando aquel que se aplique para determinar los tipos de cotización, da.1.6) de los indicados en el anexo que acompaña al RDL 30/2020 o dependientes de ellas en los términos descritos en la norma que:

  • Estén en ERTE de Fuerza Mayor COVID19 (los del 22)
  • Transiten de un ERTE de Fuerza Mayor COVID19 a un ERTE de Fuerza Mayor
  • Estén en ERTE organizativo COVID19 (los del 23)

El RDL 30/2020 incluye otros asuntos que comentaremos en notas posteriores. Damos prioridad a ERTE y desempleo por los plazos que se manejan.

No dude en contactar con nosotros si tiene cualquier duda o quiere evaluar opciones para la viabilidad de su empresa, mejor ahora que luego.

Créditos imagen.

Ley Teletrabajo, RDL 28/2020

Ley Teletrabajo, RDL 28/2020

El pasado 23 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 28/2020 (RDL), de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

Es la primera vez que se regula de forma explícita el teletrabajo en España, y sus principales características son:

  • La regulación se aplica a los trabajadores que desarrollen trabajo a distancia regularmente, es decir, un 30% de la jornada en un periodo de 3 meses.
  • El RDL define lo que se considera  a) trabajo presencial, que es el que se presta en el centro de trabajo de la empresa, b) trabajo a distancia, que es el que se realiza en el domicilio de la persona trabajadora, o el lugar elegida por esta y c) el teletrabajo, que es el trabajo a distancia que se presta a través de medios telemáticos.
  • Para los menores y los contratos en prácticas, el trabajo presencial deberá ser, como mínimo, el 50% de la jornada.
  • Es voluntario, tanto para el trabajador, como para la empresa, y es reversible.

El acuerdo por el que se acuerde el trabajo a distancia entre empresa y trabajador debe realizarse por escrito y formalizarse antes de iniciar el trabajo a distancia. Del contenido obligatorio (art. 7) mínimo destacamos:

  1. Inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias.
  2. Gastos que pudiera tener la persona trabajadora por teletrabajar y la forma de cuantificar y compensar los mismos. La compensación de gastos es obligatoria y, previsiblemente, se regulará en por convenio en el futuro.
  3. Horario de trabajo y, si procede, reglas de disponibilidad.
  4. Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
  5. Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
  6. Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
  7. Medios de control empresarial de la actividad.
  8. Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

Tenga en cuenta que:

  • El acuerdo se puede modificar, de mutuo acuerdo, y los teletrabajadores tienen preferencia a la hora de cubrir puestos de trabajo presenciales.
  • Los teletrabajadores tienen derecho a la dotación y mantenimiento de las herramientas de trabajo por parte de la empresa.
  • Los medios de control deben dejar constancia del momento de inicio y finalización de la jornada de trabajo.
  • La evaluación de riesgos deberá tener en cuenta los de esta modalidad de trabajo.

La empresa debe, además, garantizar:

  • El derecho a la intimidad y la protección de datos del trabajador. Especialmente relevante si los medios de control afectaran a dispositivos personales.
  • El derecho a la desconexión digital, limitando el uso de los medios tecnológicos
  • La participación de los teletrabajadores en las actividades organizadas por su representación legal, en caso de que exista.
  • La igualdad de oportunidades con los trabajadores presenciales y su no discriminación.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos.

Las empresas que tengan actualmente teletrabajadores, tienen un plazo de 3 meses para formalizar el acuerdo de trabajo a distancia.

Se establece un procedimiento judicial de urgencia para la tramitación de reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia:

  1. La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
  2. El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no procederá recurso.

Respecto a la COVID-19

El trabajo a distancia implantado como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Contención de rentas, Ley Catalana 11/2020

Contención de rentas, Ley Catalana 11/2020

Hoy, 21 de septiembre de 2020, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la anticipada Ley 11/2020, de 18 de septiembre (esp., cat.), de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

Esta Ley introduce limitaciones en la fijación de la renta de alquiler de viviendas en determinadas áreas del territorio catalán.

Nota: esta Ley introduce el concepto de “áreas con mercado de vivienda tenso”, a lo largo de este texto utilizaremos las siglas AMVT para referirnos a ese concepto.

¿Muy breve?

Se limita, por Ley, la renta máxima a percibir por el arrendamiento de vivienda habitual en determinadas áreas del territorio catalán. Las sanciones pueden oscilar entre 3.000 y 90.000€

¿Me afecta AHORA?

Sí.

Como veremos, las administraciones deben llevar a cabo determinados procedimientos para que el régimen de contención de rentas aplique en partes del territorio. Pero, al mismo tiempo, la Ley declara una serie de municipios como áreas con mercado de vivienda tenso desde la misma entrada en vigor de la Ley.

Estos municipios quedan declarados como AMVT por duración de un año, tiempo que tienen las administraciones competentes para seguir los trámites para la correcta declaración como AMVT o desistir de ella.

Al final de esta nota reproducimos la lista de municipios que, desde mañana (22/09/2020), son AMVT.

A menos que su administrador de fincas sea Bgestió, le recomendamos que antes de firmar cualquier nuevo contrato de arrendamiento se asegure de que ha tenido en cuenta esta Ley (11/2020).

¿A quién aplica?

  • Arrendamientos de vivienda habitual (“residencia permanente”)
  • Viviendas situadas en áreas con mercado de vivienda tenso (AMVT)

No aplicará a contratos sujetos a regímenes especiales como pueden ser: los contratos previos al 1 de enero de 1995, protección oficial, asistencial o alquiler social obligatorio.

Incluimos un esquema para saber si le aplica o no la Ley.

¿Mercado de vivienda tenso?

Aquellos municipios, o partes del mismo, en riesgo de “no disponer de la suficiente dotación de viviendas de alquiler a un precio asequible que permita acceder a las mismas a toda la población”.

El artículo 2 de la Ley nos indica las condiciones que pueden dar lugar a la declaración de áreas con mercado de vivienda tenso así  como los entes facultados para proceder a tal declaración, o instarla, así como el procedimiento a seguir. Omitimos tales detalles por brevedad (sólo la administración pública puede instar el procedimiento).

La declaración como AMVT tendrá una duración máxima de 5 años, prorrogable ad infinitum.

¿Qué sucede si mi inmueble está en una AMVT?

Que la renta del alquiler queda limitada por Ley. Por un lado se fija la renta inicial, y luego se limita el régimen de actualización de la misma.

La renta inicial pactada queda limitada por dos conceptos:

  1. “el precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano”.
  2. “la renta consignada en el último contrato de arrendamiento”, actualizada de acuerdo con el índice de garantía de competitividad.

Ambas limitaciones tienen excepciones que detallamos en los diagramas adjuntos.

Además, en el caso de que se formalicen varios contratos de arrendamiento de vigencia simultánea sobre distintas partes concretas, la suma de las rentas de los mismos deberá cumplir las limitaciones anteriores.

¿Cuál es el precio de referencia?

Obsérvese que la renta inicial pactada se basa en un nuevo concepto: el precio de referencia para el alquiler. 

Este valor tiene un cálculo complejo basado en un índice de precios, restricciones de área, características del inmueble y/o obras de mejora.

Para simplificar la comprensión, adjuntamos un nuevo diagrama.

Gastos y servicios individuales

Al margen de la renta inicial pactada, podrá pactarse la asunción por parte del arrendatario de gastos generales y de servicios individuales, de acuerdo con la normativa de arrendamientos urbanos.

En tal caso, debe hacerse constar de forma desglosada, en cada pago, el importe de la renta y el importe de los gastos asumidos por el arrendatario. 

Además, el arrendador deberá entregar al arrendatario cada mes de enero la liquidación de los gastos efectivamente satisfechos por la vivienda arrendada durante el año anterior y, si resultan inferiores a los pactados, deberá retornar la correspondiente diferencia.

Actualización de la renta

“En los contratos sujetos al régimen de contención de rentas regulado por la presente ley, la renta establecida por el contrato sólo puede actualizarse de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos de arrendamiento de vivienda”.

¿Qué pasa si no cumplo?

La ley contempla un régimen sancionador para el caso de incumplimiento por parte de los propietarios afectados, pero para su desarrollo nos remite a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda. 

Las sanciones pueden oscilar entre 3.000€ y 90.000€ aplicables siempre conforme al principio de proporcionalidad teniendo en cuenta distintos factores como la intencionalidad, la importancia del perjuicio causado o la reincidencia en la comisión de la infracción.

También deberá devolverse lo cobrado de más al arrendatario.

Nuevos requerimientos en los contratos

Los contratos afectados por esta Ley deben cumplir una serie de requisitos formales. Principalmente, deberá incluirse al contrato toda la información relevante para la determinación de la renta limitada.

  • Se anexará un documento generado por el sistema de indexación de precios de alquiler, referido a la fecha de formalización del contrato.
  • Se indicará el importe de la renta resultante de aplicar a la superficie útil de la vivienda arrendada el índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, expresado en euros por metro cuadrado, sin tener en cuenta los márgenes de precio superior e inferior.
  • Los márgenes superior e inferior se informarán cuando las partes acuerden modificar el índice en atención a las características especiales.
  • Las características especiales que habiliten el incremento de la renta deberán constar en el contrato junto con los elementos que permitan su acreditación.
  • Se hará constar la información relevante del último contrato de arrendamiento a los efectos de esta Ley (fecha de inicio y finalización, renta inicial) o la irrelevancia del mismo (por parentesco, vigencia, …).

¡Cuidado! Si no se hace constar el precio de referencia, se utilizará el índice en bruto como precio.

Conceptos relevantes

Esta Ley requiere comprender:

  • El índice de referencia de precios de alquiler de viviendas (IRPAV): Se trata de un marco de referencia con el que cuentan los inquilinos para saber si su renta de alquiler se ajusta al precio de mercado, teniendo en cuenta las condiciones de la vivienda (zona geográfica, valor, etc). 
  • El indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC): Es un indicador fijado por la Ley de presupuestos de la Generalitat que sirve para valorar la situación de necesidad de cada inquilino para acceder o tener derecho a ciertas prestaciones. Para el ejercicio de 2020, su valor se encuentra fijado en 569,12€/mes (7.967,73€/año). 
  • El índice de garantía de competitividad: Referencia utilizada en algunos contratos de arrendamiento para la actualización de la renta (en lugar de aplicar el IPC). Se calcula a partir de la media del IPC de todos los países que tienen el euro como moneda oficial, con una pequeña corrección que tiene en cuenta la especial situación de pérdida de competitividad de España. 

¿Qué pasa con los contratos en vigor?

La disposición transitoria primera establece que seguirán rigiéndose por la legislación anterior pero se aplicará la nueva Ley cuando se produzca una novación que suponga una ampliación de la duración del contrato o una modificación de renta.

Las actualizaciones de renta previstas en el contrato y las prórrogas tácitas en principio no implicarían la aplicación de la nueva Ley, pues se modificarían elementos esenciales del contrato y se vaciarían de contenido tales previsiones. En cualquier caso, esta interpretación no es pacífica. 

 

Anexo. Municipios incluidos en la declaración transitoria de áreas con mercado de vivienda tenso

  1. Badalona
  2. Barberà del Vallès
  3. Barcelona
  4. Blanes
  5. Calafell
  6. Castellar del Vallès
  7. Castelldefels
  8. Cerdanyola del Vallès
  9. Cornellà de Llobregat
  10. Esplugues de Llobregat
  11. Figueres
  12. Gavà
  13. Girona
  14. Granollers
  15. L’Hospitalet de Llobregat
  16. Igualada
  17. Lleida
  18. Manlleu
  19. Manresa
  20. Martorell
  21. El Masnou
  22. Mataró
  23. Molins de Rei
  24. Montcada i Reixac
  25. Montgat
  26. Olesa de Montserrat
  27. Olot
  28. Palafrugell
  29. Pallejà
  30. Pineda
  31. El Prat de Llobregat
  32. Premià de Mar
  33. Reus
  34. Ripollet
  35. Rubí
  36. Sabadell
  37. Salou
  38. Salt
  39. Sant Adrià de Besòs
  40. Sant Andreu de la Barca
  41. Sant Boi de Llobregat
  42. Sant Cugat del Vallès
  43. Sant Feliu de Guíxols
  44. Sant Feliu de Llobregat
  45. Sant Joan Despí
  46. Sant Just Desvern
  47. Sant Pere de Ribes
  48. Sant Vicenç dels Horts
  49. Santa Coloma de Gramenet
  50. Santa Perpètua de Mogoda
  51. Sitges
  52. Tarragona
  53. Terrassa
  54. Tortosa
  55. El Vendrell
  56. Vic
  57. Viladecans
  58. Vilafranca del Penedès
  59. Vilanova i la Geltrú
  60. Vilassar de Mar

No dude en contactar con nosotros ante cualquier duda.

Créditos imagen.

Vivir y trabajar en España

Vivir y trabajar en España

Obtención permiso de Residencia en ESPAÑA 

Existen diversas vías legales para venir a vivir (residir) a España. En algunos casos permiten trabajar, en otros no. Es importante contar con el acompañamiento de un un despacho profesional durante el proceso, esto permite agilizar los trámites y evitar errores.

Destacamos las vías legales más relevantes según la normativa vigente a fecha de publicación de este artículo: 

Autorización de residencia temporal no lucrativa

  • NO permite trabajar.
  • SÍ permite residir en España.
  • Se solicita desde el consulado del país de origen. 
  • El solicitante debe acreditar disponer de medios económicos necesarios para residir en España sin trabajar: la cantidad mínima es del 400% del IPREM (aprox. 30.000€ anuales). Por cada familiar adicional, se debe aportar adicionalmente el 100% del IPREM (aprox. 7.000€ anuales). 
  • El solicitante también debe contar con seguro médico público o un seguro privado concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España. 
  • Requiere una entrevista con el cónsul, en la cual se suelen hacer muchas preguntas para asegurarse de que el objetivo del solicitante no es venir a España a trabajar y que puede vivir por sus propios medios. 
  • Duración inicial de 1 año, se puede renovar por 2 años más.  El máximo de renovaciones son dos, después de estas dos renovaciones (es decir, cuando se lleve residiendo en España 5 años), se podrá solicitar la autorización de residencia de larga duración. 
  • Existe la posibilidad de modificarla a una autorización que permita trabajar, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. 

Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena

  • SÍ permite trabajar, por cuenta ajena (con contrato laboral)
  • SÍ permite residir en España
  • La solicita la empresa empleadora, mientras el interesado se encuentra en el país de origen. 
  • Una vez se resuelve favorablemente la solicitud, el interesado puede solicitar el visado para venir a España. 
  • Duración de 1 año, renovable por 2 años más.  El máximo de renovaciones son dos, después de estas dos renovaciones (es decir, cuando se lleve residiendo en España 5 años), se podrá solicitar la autorización de residencia de larga duración. Esta autorización de larga duración permite al extranjero residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles. 
  • Requisitos también para la empresa empleadora. 
  • ¿ Qué ocurre si pierdo mi trabajo? En principio esto no sería causa de pérdida de la autorización, ya que la Ley de extranjería contempla múltiples escenarios y ofrece soluciones para distintos supuestos pero deberá valorarse cada caso concreto. 
  • Es posible convertirla en una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, si se cumplen los requisitos previstos para dicho permiso. 

Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia

  • SÍ permite trabajar, por cuenta propia (autónomo, freelance).
  • SÍ permite vivir en España.
  • El interesado la debe solicitar desde el país de origen.
  • Debe contar con un proyecto empresarial que pueda presentar. 
  • Es una autorización de tramitación complicada, lo más sencillo es entrar como trabajador por cuenta ajena, y después hacer una modificación del permiso. 
  • Duración de 1 año, renovable por 2 años más.  El máximo de renovaciones son dos, después de estas dos renovaciones (es decir, cuando se lleve residiendo en España 5 años), se podrá solicitar la autorización de residencia de larga duración. 

Autorización de residencia por inversión inmobiliaria (Golden Visa)

  • SÍ permite trabajar en España.
  • SÍ permite vivir en España.
  • Pueden beneficiarse el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y las personas a su cargo (los hijos menores de edad o mayores de edad que dependan económicamente del titular y no hayan constituido por sí mismos una unidad familiar, y los ascendientes que se reúnan con el solicitante o lo acompañen).
  • Duración inicial de 2 años, renovable por períodos sucesivos de 5 años mientras mantenga la inversión
  • No implica traslado de la residencia fiscal (salvo que pase en España más de 183 días, etc.).
  • Requiere invertir en un inmueble sito en España cuyo valor sea igual o superior a 500.000 euros
    • Debe hacerse sin cargas hipotecarios y/o préstamos
    • Puede hacerlo una sociedad propiedad del solicitante
    • Debe hacer dentro de los dos meses previos a la solicitud del permiso 
  • El extranjero debe visitar España al menos una vez al año, y para conseguir la renovación del visado debe acreditar que sigue siendo titular de la inversión 
  • El solicitante debe acreditar disponer de medios económicos necesarios para residir en España sin trabajar: la cantidad mínima es del 400% del IPREM (aprox. 30.000€ anuales). Por cada familiar adicional, se debe aportar adicionalmente el 100% del IPREM (aprox. 7.000€ anuales). 
  • La solicitud de la “Golden Visa” puede hacerse en el Consulado Español del país de residencia previa, o en España si se ha entrado mediante otro visado. 

Variaciones de Golden Visa

Pese a que la Golden Visa mediante inversión inmobiliaria es la más común, existen otras modalidades de la misma que difieren en cuantía de la inversión y/o requisitos.

  • Mediante una inversión de capital de al menos 1 millón de euros (en capital social de una sociedad que desarrolle negocios en España, en depósitos bancarios o en fondos de inversión). 
  • Adquiriendo la titularidad de deuda pública española por valor de al menos 2 millones de euros. 
  • A través de la creación de un proyecto empresarial con la cual se creen puestos de trabajo, que constituya una aportación relevante científica o tecnológica, o que sea relevante en un área geográfica específica. 

Requisitos comunes

  • El solicitante debe ser mayor de edad.
  • Carecer de antecedentes penales.
  • Que no le haya sido denegada la entrada en España o en cualquiera de los países del espacio Schengen.
  • En el case de la Golden Visa: que cuente con seguro médico público o privado, y que no padezca enfermedades contagiosas.

Preguntas generales

 

¿Qué pasa si voy y vuelvo? 

Mientras no se cuente con autorización de residencia en España, existe un plazo general de 90 días dentro del cual el extranjero puede estar en España como turista. Este plazo de 90 días no puede repetirse dentro de los mismos 6 meses, es decir, que desde su vuelta al país de origen, deben pasar 6 meses para volver a pasar 90 días en España (en el caso de que el extranjero haya agotado los 90 días de estancia en España, si ha pasado aquí menos días, no se aplicará este criterio). 

¿Cómo entrar en España?

  • Como turista, si viene desde un país perteneciente al espacio Schengen, no necesita nada más que el documento de identidad o el pasaporte.
  • Si viene de un país no perteneciente al espacio Schengen, además del pasaporte, es probable que necesite visado (salvo que el país de origen tenga suscrito un convenio con España por el cual se dispense de este requisito). 

En cualquier caso, los requisitos habituales son los siguientes: 

  • Pasaporte + visado en algunos casos (se solicita en el país de origen, nunca en frontera). 
  • Acreditación del alojamiento (reserva de hotel, o carta de invitación).
  • Acreditar el retorno, mediante la reserva de un vuelo de vuelta o con destino a otro país. 
  • Seguro médico. 
  • Acreditar medios económicos suficientes para los días de estancia y las personas que viajan. 
  • No tener prohibiciones expresas de entrada a España. 
  • Si se ha solicitado un visado expresamente para adquirir un tipo de autorización de residencia y trabajo en España, hay que obtenerlo en el consulado español del país de origen, con los requisitos concretos de cada permiso. 

Obtención del pasaporte Español

Quienes residan legalmente en España por 10 años podrán optar a la nacionalización y obtener el pasaporte Español.

Aquellos países con actualmente tienen convenio con España tienen un plazo de 5 años en lugar de 10, estos son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Guinea Ecuatorial
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • República Dominicana
  • Uruguay 
  • Venezuela

Emigrar no es una decisión fácil, desde Blegal entendemos que se trata de un proceso donde el papeleo puede ser farragoso y complejo, variando mucho caso a caso según el país de origen y la situación laboral de cada persona. 

Si estás pensando en emigrar a España o regularizar tu situación en el país, no dudes en contactar con nosotros para valorar tu caso.

Nuevo decreto de Alojamientos Turísticos

Nuevo decreto de Alojamientos Turísticos

La Generalitat de Catalunya aprobó el 4 de agosto el decreto 75/2020 de turismo de Cataluña. Éste tiene por objeto la regulación en conjunto de todos los tipos de alojamiento turístico: hoteles, campings, viviendas urbanas, rurales, …

Artículo 111-1, Objeto

El objeto del presente Decreto es definir los requisitos turísticos y de clasificación de las empresas y las actividades turísticas, y regular la disciplina administrativa y el modelo de gobernanza de acuerdo con las previsiones de la Ley de turismo.

No describiremos ahora los requisitos y clasificaciones, pues son específicos para cada categoría. El protagonista de esta nota son las viviendas.

En prensa se han visto varios titulares confusos, contradictorios e, incluso, incorrectos. Procedemos a resumir en pocas líneas lo aprobado y su relación con el resto del ordenamiento.

Lo primero es discernir a qué afecta o no el decreto. Puesto que este aplica a los alojamientos turísticos, no aplicará a los no turísticos que quedarán amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otras normas. 

En concreto, quedan al margen: pisos compartidos, arrendamientos de vivienda no habitual, arrendamientos de vivienda de temporada, …

Artículo 111-2, Ámbito de aplicación

-1 Las disposiciones del presente Decreto se aplican a las empresas y actividades turísticas reguladas en la Ley de turismo y a las administraciones turísticas situadas en Cataluña. También son de aplicación a las nuevas modalidades de empresas turísticas de alojamiento que se regulan en el presente reglamento con la denominación de áreas de acogida de autocaravanas, alojamientos singulares y hogares compartidos.

-2 Quedan excluidos del presente Decreto aquellos establecimientos, instalaciones residenciales, medios de transporte o vehículos donde se pueda pernoctar regulados por normativa propia, como instalaciones juveniles, residencias para personas mayores, residencias de estudiantes, establecimientos donde se ejercen actividades de naturaleza sexual o análogos.

¿Pisos compartidos? El decreto introduce nuevos conceptos de los que cabe destacar:

  • La “vivienda de uso turístico” art 221-1 y ss.
  • El “alojamiento singular”, artículos 231-1 y ss.
  • El “hogar compartido”, artículos 241-1 y ss.

El “hogar compartido” que es del que habla la prensa. Se regula la posibilidad de que un particular alquile las habitaciones de su vivienda habitual con fines turísticos. Requisitos mínimos:

  • Periodos igual o inferior a 31 días
  • Acorde a la regulación de usos local
  • Máximo 4 plazas en habitaciones con puerta. Las salas de estar no son aptas.
  • El titular debe residir en la vivienda mientras dure el alquiler
  • Mostrar visiblemente el código NIRTC (código de alojamiento) en la vivienda y publicidad

Ello no debe confundirse con el arrendamiento con fines turísticos de la totalidad de la vivienda (“vivienda de uso turístico”)

El “alojamiento singular”, o cajón de sastre, será aquel que no tenga cabida en ninguno de los otros alojamientos regulados y cuya regulación queda al albur de los entes locales (el decreto establece unos mínimos).

Lo anterior no debe confundirse con la posibilidad de alquilar la vivienda a terceros en el ámbito de la LAU: subarriendo, alquiler de habitación (no turístico), temporada, etc…

Destacar que el “hogar compartido” entrará en vigor dentro de un año y estará al alcance de todo aquel que cumpla los requisitos de la norma y del respectivo Ayuntamiento.

No olvide que quien se dedica al arrendamiento turístico desarrolla una actividad económica y, por tanto: debe darse de alta en la AEAT, presentar liquidaciones de impuestos, cotizar a la Seguridad Social, llevaduría de contabilidad, …

Otra modalidad de vivienda compartida autorizada es la de “casa de pueblo compartida”: “Es aquella vivienda unifamiliar, dentro de núcleo de población, que comparte la persona titular con las personas usuarias turísticas y donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo, de desayuno”.

La norma excluye cualquier otro tipo de vivienda del alquiler turístico, por lo que los demás inmuebles deberán encajar en las otras categorías:

Artículo 211-1

Concepto, reglas y principios generales

-1 Son establecimientos de alojamiento turístico los que, de una manera habitual, con carácter profesional y con la habilitación correspondiente, ofrecen a las personas usuarias y mediante un precio el alojamiento temporal en las unidades de alojamiento, así como otros servicios turísticos de acuerdo con las condiciones y tipologías que establece esta norma.

-2 Los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden constituir en viviendas, con la única excepción de los establecimientos de turismo rural.

Los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden convertir en residencia principal ni secundaria de las personas usuarias turísticas, en ningún caso.

Recordemos: al margen de los demás arrendamientos no turísticos amparados por la LAU.

Se regulan también los equipamientos y servicios que deben disponer todos los establecimientos según tipo y categoría.

También se crea un registro autonómico de establecimientos turísticos, pero la norma ya especifica que los titulares no tendrán que hacer nada pues esa labor recaerá en los entes locales.

Por último, recientemente ha salido en prensa una nueva moratoria del Ayuntamiento de Barcelona en el otorgamiento de licencias turísticas por un año. Ésta, que no se ha publicado en el BOPB, afecta a todos los alojamientos y, aparentemente, tiene por objeto permitir al Ayuntamiento adaptar todas las normas pertinentes antes de otorgar nuevas licencias, pues el decreto no permite la aplicación retroactiva de la norma a licencias ya otorgadas.