Contención de rentas, Ley Catalana 11/2020

Contención de rentas, Ley Catalana 11/2020

Hoy, 21 de septiembre de 2020, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la anticipada Ley 11/2020, de 18 de septiembre (esp., cat.), de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

Esta Ley introduce limitaciones en la fijación de la renta de alquiler de viviendas en determinadas áreas del territorio catalán.

Nota: esta Ley introduce el concepto de “áreas con mercado de vivienda tenso”, a lo largo de este texto utilizaremos las siglas AMVT para referirnos a ese concepto.

¿Muy breve?

Se limita, por Ley, la renta máxima a percibir por el arrendamiento de vivienda habitual en determinadas áreas del territorio catalán. Las sanciones pueden oscilar entre 3.000 y 90.000€

¿Me afecta AHORA?

Sí.

Como veremos, las administraciones deben llevar a cabo determinados procedimientos para que el régimen de contención de rentas aplique en partes del territorio. Pero, al mismo tiempo, la Ley declara una serie de municipios como áreas con mercado de vivienda tenso desde la misma entrada en vigor de la Ley.

Estos municipios quedan declarados como AMVT por duración de un año, tiempo que tienen las administraciones competentes para seguir los trámites para la correcta declaración como AMVT o desistir de ella.

Al final de esta nota reproducimos la lista de municipios que, desde mañana (22/09/2020), son AMVT.

A menos que su administrador de fincas sea Bgestió, le recomendamos que antes de firmar cualquier nuevo contrato de arrendamiento se asegure de que ha tenido en cuenta esta Ley (11/2020).

¿A quién aplica?

  • Arrendamientos de vivienda habitual (“residencia permanente”)
  • Viviendas situadas en áreas con mercado de vivienda tenso (AMVT)

No aplicará a contratos sujetos a regímenes especiales como pueden ser: los contratos previos al 1 de enero de 1995, protección oficial, asistencial o alquiler social obligatorio.

Incluimos un esquema para saber si le aplica o no la Ley.

¿Mercado de vivienda tenso?

Aquellos municipios, o partes del mismo, en riesgo de “no disponer de la suficiente dotación de viviendas de alquiler a un precio asequible que permita acceder a las mismas a toda la población”.

El artículo 2 de la Ley nos indica las condiciones que pueden dar lugar a la declaración de áreas con mercado de vivienda tenso así  como los entes facultados para proceder a tal declaración, o instarla, así como el procedimiento a seguir. Omitimos tales detalles por brevedad (sólo la administración pública puede instar el procedimiento).

La declaración como AMVT tendrá una duración máxima de 5 años, prorrogable ad infinitum.

¿Qué sucede si mi inmueble está en una AMVT?

Que la renta del alquiler queda limitada por Ley. Por un lado se fija la renta inicial, y luego se limita el régimen de actualización de la misma.

La renta inicial pactada queda limitada por dos conceptos:

  1. “el precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano”.
  2. “la renta consignada en el último contrato de arrendamiento”, actualizada de acuerdo con el índice de garantía de competitividad.

Ambas limitaciones tienen excepciones que detallamos en los diagramas adjuntos.

Además, en el caso de que se formalicen varios contratos de arrendamiento de vigencia simultánea sobre distintas partes concretas, la suma de las rentas de los mismos deberá cumplir las limitaciones anteriores.

¿Cuál es el precio de referencia?

Obsérvese que la renta inicial pactada se basa en un nuevo concepto: el precio de referencia para el alquiler. 

Este valor tiene un cálculo complejo basado en un índice de precios, restricciones de área, características del inmueble y/o obras de mejora.

Para simplificar la comprensión, adjuntamos un nuevo diagrama.

Gastos y servicios individuales

Al margen de la renta inicial pactada, podrá pactarse la asunción por parte del arrendatario de gastos generales y de servicios individuales, de acuerdo con la normativa de arrendamientos urbanos.

En tal caso, debe hacerse constar de forma desglosada, en cada pago, el importe de la renta y el importe de los gastos asumidos por el arrendatario. 

Además, el arrendador deberá entregar al arrendatario cada mes de enero la liquidación de los gastos efectivamente satisfechos por la vivienda arrendada durante el año anterior y, si resultan inferiores a los pactados, deberá retornar la correspondiente diferencia.

Actualización de la renta

“En los contratos sujetos al régimen de contención de rentas regulado por la presente ley, la renta establecida por el contrato sólo puede actualizarse de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos de arrendamiento de vivienda”.

¿Qué pasa si no cumplo?

La ley contempla un régimen sancionador para el caso de incumplimiento por parte de los propietarios afectados, pero para su desarrollo nos remite a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda. 

Las sanciones pueden oscilar entre 3.000€ y 90.000€ aplicables siempre conforme al principio de proporcionalidad teniendo en cuenta distintos factores como la intencionalidad, la importancia del perjuicio causado o la reincidencia en la comisión de la infracción.

También deberá devolverse lo cobrado de más al arrendatario.

Nuevos requerimientos en los contratos

Los contratos afectados por esta Ley deben cumplir una serie de requisitos formales. Principalmente, deberá incluirse al contrato toda la información relevante para la determinación de la renta limitada.

  • Se anexará un documento generado por el sistema de indexación de precios de alquiler, referido a la fecha de formalización del contrato.
  • Se indicará el importe de la renta resultante de aplicar a la superficie útil de la vivienda arrendada el índice de referencia de precios de alquiler de viviendas, expresado en euros por metro cuadrado, sin tener en cuenta los márgenes de precio superior e inferior.
  • Los márgenes superior e inferior se informarán cuando las partes acuerden modificar el índice en atención a las características especiales.
  • Las características especiales que habiliten el incremento de la renta deberán constar en el contrato junto con los elementos que permitan su acreditación.
  • Se hará constar la información relevante del último contrato de arrendamiento a los efectos de esta Ley (fecha de inicio y finalización, renta inicial) o la irrelevancia del mismo (por parentesco, vigencia, …).

¡Cuidado! Si no se hace constar el precio de referencia, se utilizará el índice en bruto como precio.

Conceptos relevantes

Esta Ley requiere comprender:

  • El índice de referencia de precios de alquiler de viviendas (IRPAV): Se trata de un marco de referencia con el que cuentan los inquilinos para saber si su renta de alquiler se ajusta al precio de mercado, teniendo en cuenta las condiciones de la vivienda (zona geográfica, valor, etc). 
  • El indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC): Es un indicador fijado por la Ley de presupuestos de la Generalitat que sirve para valorar la situación de necesidad de cada inquilino para acceder o tener derecho a ciertas prestaciones. Para el ejercicio de 2020, su valor se encuentra fijado en 569,12€/mes (7.967,73€/año). 
  • El índice de garantía de competitividad: Referencia utilizada en algunos contratos de arrendamiento para la actualización de la renta (en lugar de aplicar el IPC). Se calcula a partir de la media del IPC de todos los países que tienen el euro como moneda oficial, con una pequeña corrección que tiene en cuenta la especial situación de pérdida de competitividad de España. 

¿Qué pasa con los contratos en vigor?

La disposición transitoria primera establece que seguirán rigiéndose por la legislación anterior pero se aplicará la nueva Ley cuando se produzca una novación que suponga una ampliación de la duración del contrato o una modificación de renta.

Las actualizaciones de renta previstas en el contrato y las prórrogas tácitas en principio no implicarían la aplicación de la nueva Ley, pues se modificarían elementos esenciales del contrato y se vaciarían de contenido tales previsiones. En cualquier caso, esta interpretación no es pacífica. 

 

Anexo. Municipios incluidos en la declaración transitoria de áreas con mercado de vivienda tenso

  1. Badalona
  2. Barberà del Vallès
  3. Barcelona
  4. Blanes
  5. Calafell
  6. Castellar del Vallès
  7. Castelldefels
  8. Cerdanyola del Vallès
  9. Cornellà de Llobregat
  10. Esplugues de Llobregat
  11. Figueres
  12. Gavà
  13. Girona
  14. Granollers
  15. L’Hospitalet de Llobregat
  16. Igualada
  17. Lleida
  18. Manlleu
  19. Manresa
  20. Martorell
  21. El Masnou
  22. Mataró
  23. Molins de Rei
  24. Montcada i Reixac
  25. Montgat
  26. Olesa de Montserrat
  27. Olot
  28. Palafrugell
  29. Pallejà
  30. Pineda
  31. El Prat de Llobregat
  32. Premià de Mar
  33. Reus
  34. Ripollet
  35. Rubí
  36. Sabadell
  37. Salou
  38. Salt
  39. Sant Adrià de Besòs
  40. Sant Andreu de la Barca
  41. Sant Boi de Llobregat
  42. Sant Cugat del Vallès
  43. Sant Feliu de Guíxols
  44. Sant Feliu de Llobregat
  45. Sant Joan Despí
  46. Sant Just Desvern
  47. Sant Pere de Ribes
  48. Sant Vicenç dels Horts
  49. Santa Coloma de Gramenet
  50. Santa Perpètua de Mogoda
  51. Sitges
  52. Tarragona
  53. Terrassa
  54. Tortosa
  55. El Vendrell
  56. Vic
  57. Viladecans
  58. Vilafranca del Penedès
  59. Vilanova i la Geltrú
  60. Vilassar de Mar

No dude en contactar con nosotros ante cualquier duda.

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Nuevo decreto de Alojamientos Turísticos

Nuevo decreto de Alojamientos Turísticos

La Generalitat de Catalunya aprobó el 4 de agosto el decreto 75/2020 de turismo de Cataluña. Éste tiene por objeto la regulación en conjunto de todos los tipos de alojamiento turístico: hoteles, campings, viviendas urbanas, rurales, …

Artículo 111-1, Objeto

El objeto del presente Decreto es definir los requisitos turísticos y de clasificación de las empresas y las actividades turísticas, y regular la disciplina administrativa y el modelo de gobernanza de acuerdo con las previsiones de la Ley de turismo.

No describiremos ahora los requisitos y clasificaciones, pues son específicos para cada categoría. El protagonista de esta nota son las viviendas.

En prensa se han visto varios titulares confusos, contradictorios e, incluso, incorrectos. Procedemos a resumir en pocas líneas lo aprobado y su relación con el resto del ordenamiento.

Lo primero es discernir a qué afecta o no el decreto. Puesto que este aplica a los alojamientos turísticos, no aplicará a los no turísticos que quedarán amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otras normas. 

En concreto, quedan al margen: pisos compartidos, arrendamientos de vivienda no habitual, arrendamientos de vivienda de temporada, …

Artículo 111-2, Ámbito de aplicación

-1 Las disposiciones del presente Decreto se aplican a las empresas y actividades turísticas reguladas en la Ley de turismo y a las administraciones turísticas situadas en Cataluña. También son de aplicación a las nuevas modalidades de empresas turísticas de alojamiento que se regulan en el presente reglamento con la denominación de áreas de acogida de autocaravanas, alojamientos singulares y hogares compartidos.

-2 Quedan excluidos del presente Decreto aquellos establecimientos, instalaciones residenciales, medios de transporte o vehículos donde se pueda pernoctar regulados por normativa propia, como instalaciones juveniles, residencias para personas mayores, residencias de estudiantes, establecimientos donde se ejercen actividades de naturaleza sexual o análogos.

¿Pisos compartidos? El decreto introduce nuevos conceptos de los que cabe destacar:

  • La “vivienda de uso turístico” art 221-1 y ss.
  • El “alojamiento singular”, artículos 231-1 y ss.
  • El “hogar compartido”, artículos 241-1 y ss.

El “hogar compartido” que es del que habla la prensa. Se regula la posibilidad de que un particular alquile las habitaciones de su vivienda habitual con fines turísticos. Requisitos mínimos:

  • Periodos igual o inferior a 31 días
  • Acorde a la regulación de usos local
  • Máximo 4 plazas en habitaciones con puerta. Las salas de estar no son aptas.
  • El titular debe residir en la vivienda mientras dure el alquiler
  • Mostrar visiblemente el código NIRTC (código de alojamiento) en la vivienda y publicidad

Ello no debe confundirse con el arrendamiento con fines turísticos de la totalidad de la vivienda (“vivienda de uso turístico”)

El “alojamiento singular”, o cajón de sastre, será aquel que no tenga cabida en ninguno de los otros alojamientos regulados y cuya regulación queda al albur de los entes locales (el decreto establece unos mínimos).

Lo anterior no debe confundirse con la posibilidad de alquilar la vivienda a terceros en el ámbito de la LAU: subarriendo, alquiler de habitación (no turístico), temporada, etc…

Destacar que el “hogar compartido” entrará en vigor dentro de un año y estará al alcance de todo aquel que cumpla los requisitos de la norma y del respectivo Ayuntamiento.

No olvide que quien se dedica al arrendamiento turístico desarrolla una actividad económica y, por tanto: debe darse de alta en la AEAT, presentar liquidaciones de impuestos, cotizar a la Seguridad Social, llevaduría de contabilidad, …

Otra modalidad de vivienda compartida autorizada es la de “casa de pueblo compartida”: “Es aquella vivienda unifamiliar, dentro de núcleo de población, que comparte la persona titular con las personas usuarias turísticas y donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo, de desayuno”.

La norma excluye cualquier otro tipo de vivienda del alquiler turístico, por lo que los demás inmuebles deberán encajar en las otras categorías:

Artículo 211-1

Concepto, reglas y principios generales

-1 Son establecimientos de alojamiento turístico los que, de una manera habitual, con carácter profesional y con la habilitación correspondiente, ofrecen a las personas usuarias y mediante un precio el alojamiento temporal en las unidades de alojamiento, así como otros servicios turísticos de acuerdo con las condiciones y tipologías que establece esta norma.

-2 Los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden constituir en viviendas, con la única excepción de los establecimientos de turismo rural.

Los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden convertir en residencia principal ni secundaria de las personas usuarias turísticas, en ningún caso.

Recordemos: al margen de los demás arrendamientos no turísticos amparados por la LAU.

Se regulan también los equipamientos y servicios que deben disponer todos los establecimientos según tipo y categoría.

También se crea un registro autonómico de establecimientos turísticos, pero la norma ya especifica que los titulares no tendrán que hacer nada pues esa labor recaerá en los entes locales.

Por último, recientemente ha salido en prensa una nueva moratoria del Ayuntamiento de Barcelona en el otorgamiento de licencias turísticas por un año. Ésta, que no se ha publicado en el BOPB, afecta a todos los alojamientos y, aparentemente, tiene por objeto permitir al Ayuntamiento adaptar todas las normas pertinentes antes de otorgar nuevas licencias, pues el decreto no permite la aplicación retroactiva de la norma a licencias ya otorgadas.

Impuesto de pisos vacíos

Impuesto de pisos vacíos

A pesar de su entrada en vigor en 2017, el llamado “impuesto sobre pisos vacíos en Cataluña” ha estado en suspenso al interponer el Gobierno español un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. una vez fallado el recurso, en contra del mismo, la Generalitat se ha puesto manos a la obra.


El nuevo Decreto ley 8/2019, de 14 de mayo regula el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Este será del 1 al 30 de junio de cada año, con la excepción de los tres años ya devengados (2017, 2018 y 2019), que deberán liquidarse entre los meses de octubre y noviembre de este 2019 de forma extraordinaria.


El impuesto grava la titularidad, por parte de sociedades u otras entidades con objeto mercantil de determinados bienes no productivos situados en Cataluña (no asociados a la actividad económica) así como algunos derechos que recaen sobre éstos, y que en realidad son utilizados para fines particulares.