Las claves del Reglamento sobre igualdad retributiva

Las claves del Reglamento sobre igualdad retributiva

El 14 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Cuya entrada en vigor se prevé para el 15 de abril de 2021.Europa lleva más de cuarenta años luchando por la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo entre hombres y mujeres. Desde antes de la Directiva 75/117/CEE de 10 de febrero de 1975 y la más reciente Directiva 2006/54/CE de 5 de julio de 2006, ambas dedicadas a esta cuestión. Y aún así queda mucho camino por recorrer, como muestra el observatorio de la materia en la UE. En España: 15% de brecha salarial en 2017.

Pese al camino recorrido, la igualdad retributiva sigue siendo una  asignatura pendiente en casi todo el mundo, si bien podemos debatir la conveniencia de aprobar esta norma en un momento en que muchos negocios están luchando por sobrevivir. En todo caso, la norma tiene una vacatio legis de 6 meses, por lo que hay tiempo para adaptarse. 

Estas son las claves del RD, que impone a los empresarios una serie de deberes con el objetivo de incrementar la transparencia en materia salarial: 

  1. El registro retributivo no es nuevo (art. 5.1)

El Estatuto de los Trabajadores ya contempla el registro retributivo. El artículo 28.2 determina que el/la empresario/a está obligado/a a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

  1. Plazo de adaptación

 El plazo para adaptar el registro retributivo a las condiciones del reglamento es de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, a mediados de abril de 2021.

  1. Definición y contenido (art. 5. 2)

En el registro retributivo deben constar los salarios:

  • desglosados por sexos. 
  • basado en una media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada concepto 
  • calculado para cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.
  • desagregados de forma diferenciada en función de la naturaleza de la retribución (incluyendo el salario base) cada uno de los complementos y percepciones salariales.
  1. Acceso de la plantilla al registro. 

Según el artículo 28.2 in fine del Estatuto de los Trabajadores, las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de su representación legal, si esta existe,  en la empresa, al registro salarial de la misma.

De no existir representación legal el acceso no abarcará los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que consten en el registro, sino únicamente las diferencias porcentuales que existan en las retribuciones de la empresa (promediadas de mujeres y hombres). 

  1. Periodo de referencia del registro retributivo (art. 5. 4)

El periodo de referencia será, con carácter general, el año natural pero se prevén posibles modificaciones si fueran necesarias.

  1. Empleados/as afectados/as (arts. 5. 1y 11)

Las empresas deberán incluir en el registro salarial, los datos retributivos de toda la plantilla sin excepción, incluyendo al personal directivo y a los altos cargos.

El Real Decreto reconoce también a las personas trabajadoras a tiempo parcial los mismos derechos, incluidos los retributivos, que las personas trabajadoras a tiempo completo. Cualquier reducción proporcional deberá garantizar que no tenga repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados con la maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes.

  1. Participación de las personas trabajadoras en el diseño del registro salarial (art. 5. 6)

Los representantes legales de las personas trabajadoras participarán en el diseño del registro y deberán ser consultados en el plazo de los diez días anteriores a la elaboración del mismo. La misma antelación se estipula cuando este deba modificarse debido a una alteración sustancial de su contenido.

  1. Auditoría retributiva (arts . 7 y 8)

La Ley de Igualdad obliga a una auditoría para las empresas que elaboren un plan de igualdad. El Reglamento aclara que esta tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, salvo que se determine otra inferior en el mismo. De conformidad con el art. 2.2 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, aprobado en la misma fecha que el Reglamento sobre igualdad retributiva, los planes de igualdad deben elaborarse en empresas de 50 o más personas trabajadoras.

  1. Infracciones (art. 10)

 En caso de falseamiento del registro salarial o su omisión, el Reglamento prevé las acciones administrativas y judiciales oportunas, individuales o colectivas, y la aplicación, entre otras, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Esta considera la discriminación salarial como falta muy grave en materia de relaciones laborales, pudiendo conducir a la imposición de una multa de entre 6.251 y 178.500 euros. El Reglamento alude también a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

Este RD implica una serie de nuevos requisitos para los empresarios con trabajadores. No dude en contactar con el encargado de su cuenta en el área laboral para ver cómo afecta a su caso concreto, como puede cumplir con la nueva normativa y conocer la brecha salarial de su plantilla. 

 

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El alquiler al 50% para locales

El alquiler al 50% para locales

Esta mañana, 22 de octubre de 2020, se publicaba en el DOGC el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados.

El decreto tiene dos artículos que podemos resumir en: los inquilinos de locales que vean su actividad afectada por medidas relativas a la COVID-19 podrán exigir una reducción del alquiler del 50%.

La norma no hace más distinción: el inquilino puede ser una multinacional con millardos de euros de beneficio anual y el propietario no llegar a fin de mes; o el inquilino no llegar a fin de mes y el propietario ser una entidad bancaria. Todos por igual.

Requisitos para reducir el alquiler

  1. Que la actividad en el local se vea suspendida o restringida como consecuencia medidas decretadas por las autoridades,
  2. Que el contrato esté sujeto a la LAU (tenga fecha del 1 de enero de 1995 o posterior)

Cumplido lo anterior, el arrendatario (inquilino) podrá exigir vía burofax u otros medios fehacientes la reducción de la renta. En caso de no llegar a un acuerdo:

  • Si hay suspensión de la actividad (cierre), la reducción será del 50 por ciento desde la fecha del requerimiento.
  • Si hay reducción parcial de la actividad, la reducción será proporcional: la mitad de la pérdida de aprovechamiento medida por la reducción de aforo o de horarios (u otras limitaciones impuestas). En este caso no se tendrá en cuenta el aprovechamiento por entregas a domicilio o take-away.

La reducción se mantendrá mientras duren las medidas que la motivaron.

El inquilino podrá exigir, también, que el arrendador aplique los importes percibidos como garantía/depósito al cobro de las rentas. Salvo por la fianza legal u otras depositadas en la administración. Es decir, las garantías adicionales o voluntarias podrán dedicarse al pago de la renta.

Además, si las medidas de reducción o suspensión de actividades se prolongan más de tres meses en un año (a contar desde hoy): el arrendatario podrá desistir del contrato sin penalización, hasta tres meses después de finalizar las medidas y comunicando al arrendador (propietario) con un mes de antelación.

Créditos imagen.

RDL 30/2020, Ayudas destinadas a los trabajadores Autónomos

RDL 30/2020, Ayudas destinadas a los trabajadores Autónomos

El Real Decreto Ley 30/2020, publicado el pasado 30 de septiembre, además de la compleja regulación de la prórroga de los ERTEs ya comentada en nuestra última nota, también regula en el artículo 13 y la Disposición Adicional 4ª el nuevo régimen de las ayudas destinadas a los trabajadores autónomos. 

Pasamos a resumir la nueva regulación de estas prestaciones de la forma más clara que nos permite el enrevesado redactado de la norma. 

  1. En primer lugar, queda prorrogada la prestación por cese de actividad que los autónomos venían percibiendo hasta ahora, y podrán seguir disfrutando de ella hasta el 31 de enero de 2021, siempre y cuando durante el cuarto trimestre de 2020 continúen cumpliendo los requisitos establecidos para la misma. 

Los autónomos que no hubieran percibido esta prestación, podrán solicitarla si cumplen los requisitos y siempre que hubieran percibido hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el art. 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización. 

Los principales requisitos para la prórroga, o el acceso, a esta prestación, son los siguientes: 

  • Reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% respecto del mismo periodo del año 2019. 
  • No haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 €.
  • En el caso de los trabajadores autónomos que tengan trabajadores a su cargo, deberán acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social.

El reconocimiento de la prórroga o del acceso a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con carácter provisional con efectos de 1 de octubre de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, y si se solicita más tarde, desde el día siguiente a la prestación de la solicitud. 

Durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, el autónomo deberá ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones, y la Mutua abonará al trabajador junto con la prestación por cese de actividad el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el autónomo sin desarrollar actividad alguna. 

  1. Además, se crean dos nuevas ayudas. 

La primera de ellas es la ‘’Prestación extraordinaria por cese de actividad’’, y está destinada a los autónomos que se vean obligados a suspender totalmente su actividad como consecuencia de una resolución o normativa publicada por la autoridad competente, que tenga como objetivo contener la propagación del Covid-19. 

Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes:

  • Estar afiliados y en alta al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El derecho a recibirla nace a partir del día siguiente a la adopción de la resolución o normativa que conlleve el cierre de la actividad del afectado, y finalizará el último día del mes en el cual la medida sea levantada y deje de tener efectos. 

La exoneración del ingreso de las cuotas será efectiva desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida. El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado.  

La cuantía de la prestación será del 50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, y la solicitud deberá realizarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. 

  1. La segunda nueva ayuda es la ‘’Prestación económica por cese de actividad de naturaleza extraordinaria’’, y está prevista para los autónomos que vean reducidos sus ingresos y no tengan derecho a la prestación explicada en el punto anterior. 

Los requisitos son:

  • Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
  • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional. 
  • Tener una reducción en los ingresos en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% respecto de los ingresos del primer trimestre del 2020. 

Puede comenzar a devengarse a partir del 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales del mes de octubre. En caso contrario, surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud, y su duración no podrá ir más allá del 31 de enero de 2021.

Durante este período de disfrute de la prestación, el autónomo queda exento de la obligación de cotizar. 

La cuantía será del 50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

Hay que tener en cuenta en todo caso que la entidad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se reserva el derecho de comprobar el cumplimiento de los requisitos para la prestación disfrutada, y tendrá derecho a reclamar las cuantías percibidas en caso de que acredite que no concurren las condiciones establecidas.