Para poder contestar a está pregunta hay que remitirse a lo estipulado tanto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social; y el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En primer lugar, la LJCA en su artículo 83 estipula que el recurso de apelación contra una sentencia es admisible en ambos efectos (devolutivo y suspensivo), lo que supone la no ejecución de la Sentencia de instancia, sin perjuicio de las medidas cautelares que el Juez pueda adoptar, a instancia de parte interesada, para asegurar la ejecución de la sentencia y sin perjuicio asimismo de la posible ejecución provisional de la Sentencia recurrida, de acuerdo con el artículo 84 de la LJCA.

Entrando en lo que dice el Art. 84 la interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

Por lo tanto la respuesta es que sí que se puede pedir suspensión. Ahora bien, en lo relativo a pedir dispensa de garantía sólo se concederá de forma excepcional cuando el juez aprecie que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación para la persona física o jurídica. Por lo que, hay que aportar pruebas que justifiquen la insolvencia o que el pago de ese cantidad puede suponer un agravio importante al perjudicado.

En el caso de la seguridad social además se puede pedir aplazamiento de la deuda cuando la deuda entra en vía ejecutiva y se pone en marcha el procedimiento que puede concluir en un embargo de bienes. El aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social es un acto administrativo, solicitado por el deudor, mediante el cual se autoriza el pago de las
deudas de Seguridad Social fuera de plazo reglamentario de ingreso, con devengo de intereses y que permite considerar al deudor, en tanto se cumplan las condiciones requeridas, al corriente respecto de las deudas aplazadas (Art. 23 , Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y Art. 31-36 , Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

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